IDL-Reporteros reproduce, a continuación, el artículo traducido al español del Columbia Global Freedom of Expression, publicado originalmente el 18 de junio pasado.
Nueva York, 18 de junio de 2024.– En mayo de 2024, Columbia Global Freedom of Expression (CGFoE) presentó un escrito de amicus curiae ante el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, Perú, por un caso que involucra al periodista Gustavo Gorriti, quien es investigado por presunto soborno de fiscales. El escrito señala que, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, la investigación contra Gorriti viola su libertad de expresión y reprime el derecho de los ciudadanos peruanos a acceder a información de significativo interés público. También destaca que los alegados hechos que constituyen el delito del periodista no son más que el ejercicio legítimo de su libertad de expresión.
Gorriti, quien es director de IDL-Reporteros, es un reconocido periodista de investigación que ha expuesto corrupción en los espacios más altos del gobierno peruano, y ha tenido repercusión en toda América Latina. El periodista ha desempeñado un papel decisivo en cuanto a responsabilizar y hacer que funcionarios del país rindan cuentas, además de promover transparencia. Ahora, Gorriti enfrenta una investigación preliminar por el delito de cohecho activo por presuntamente brindar apoyo mediático a los fiscales del caso Lava Jato –uno de los casos de corrupción más sonados en la región–, que suele ser el sujeto de sus reportajes periodísticos.
El escrito presentado por CGFoE explica que el caso es parte de un grave resurgimiento regional del uso de procesos penales para intimidar y silenciar a periodistas, investigadores y otras voces indispensables en una sociedad democrática. Asimismo, señala que los reportajes que dieron lugar a la apertura de la investigación penal, no solo no pueden ser causa de un proceso penal, sino que, según la jurisprudencia internacional en el tema, merecen protección especial del Estado ya que informan sobre asuntos de alta relevancia pública.
El proceso contra Gorriti incluye órdenes de levantamiento del secreto de sus comunicaciones telefónicas durante los últimos cinco años. De implementarse, esta medida violaría la garantía de protección de fuentes y disuadiría a otras fuentes que podrían revelar información de interés público.
El amicus curiae también destaca que el hecho de abrir una investigación desde el ejercicio de un derecho humano fundamental, y la restricción desproporcionada a la confidencialidad de las fuentes, no solo constituye una violación a la libertad de expresión de Gorriti, sino que también reprime significativamente el derecho colectivo de poder acceder a información de interés público. En este caso, privar a la sociedad peruana de reportajes que investigan la corrupción también implica un daño irreparable a la democracia. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre asuntos de interés público. Esta condición es esencial para la consolidación de las democracias modernas en las que el Estado (cuya autoridad y poder emanan de sus ciudadanos) está obligado a rendir cuentas.
El escrito de CGFoE se presentó con el solo propósito de apoyar el trabajo de la Corte por proteger las libertades de prensa, opinión y expresión en este caso tan importante sobre el uso del derecho penal contra el periodismo de investigación y la protección de fuentes periodísticas. Los autores son nuestro director asociado, Hawley Johnson; nuestra experta asociada y exrelatora de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino; nuestro consultor legal y de programas, Anderson Javiel Dirocie De León; y nuestro investigador jurídico, Juan Manuel Ospina Sánchez.
Puede acceder al documento completo en su versión original en español aquí y puede leer una traducción al inglés de cortesía aquí.